Jornadas de inducción y reinducción


 

Inducción y reinducción

2da versión

Archivos para descargar

Con el ánimo de conocer su opinión en relación con la jornada de inducción y reinducción, le agradecemos evaluar en el siguente enlace:

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS EN LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Pregunta: En el caso de los proveedores con los que los museos tienen contacto para diferentes actividades, ¿ellos también tendrán que inscribirse en el SECOP II? ¿Tendríamos que hacer los procedimientos por medio de SECOP II si los recursos son gestionados mediante el convenio que se tiene con la Asociación de Amigos del ICC?

Respuesta: En primer lugar es importante aclarar que el proceso de implementación de SECOP II se espera a partir del 2017, de acuerdo con política y directriz de la Agencia de Colombia Compra Eficiente.

De otra parte, si el bien o servicio que se intenta adquirir está amparado por un certificado de disponibilidad presupuestal y el Instituto contrata directamente, las personas deberán estar registrados en SECOP II como proveedores.

Finalmente, como para el tema que tiene que ver con museos existe un convenio mediante el cual se han cargado los elementos necesarios para las exposiciones, no hay necesidad de que quienes nos prestan los servicios estén en la obligación de registrarse en SECOP II por cuanto no es con el ICC con quien tienen una relación directa, sino con la Asociación de Amigos del ICC a través de un contrato

Pregunta

Si el riesgo se presenta sobre un bien, ¿Cómo se categoriza el riesgo? ¿Cómo incidente, ó, acción insegura?

Respuesta/

Para responder esta pregunta, se realizará a través de un ejemplo:

Existe una nueva grieta en una pared que fue generada por un sismo. Ese escenario es catalogado como una condición insegura, porque podrían caer sus materiales y afectar a las personas a su alrededor, pero nadie al interior de la entidad puede evaluar en qué momento se caerá, solamente un ingeniero estructural puede confirmar el estado real del bien, por lo tanto el riesgo se categoriza por la probabilidad de que la pared o sus materiales caigan y el nivel de afectación a las personas, es decir puede ser un riesgo alto, medio o bajo dependiendo del estudio estructural realizado por expertos en la materia, lo importante de todo esto es  informar estas condiciones inseguras para evaluar la zona y definir su control (mantenimiento correctivo, demolición etc…).

Pregunta

La historia clínica es privada – carácter de reserva.

Según la sentencia T-158A/08 Corte Constitucional. Derecho a la intimidad del paciente.

Artículo 34 Ley 23 de 1981. La historia clínica es un documento que se encuentra sujeto a reserva.

¿Frente a las incapacidades, bastaría únicamente con escrito juramentado por el funcionario?

Respuesta/

Para dar respuesta de fondo a la pregunta realizada, es necesario aclarar que cuando una persona es incapacitada por un periodo superior a dos días, la liquidación de los días de trabajo en los cuales el(la) funcionario(a) se encontraba en incapacidad es calculada sobre el 66,67% del salario básico mensual. Este valor debe ser reconocido por la EPS correspondiente cuando se trata de enfermedad general (no laboral).

El grupo de Talento Humano debe registrar la novedad de incapacidad en el software para la liquidación de la nómina y posteriormente se envía dicha liquidación al grupo de gestión financiera para que proceda a pagar. Teniendo en cuenta que los días de incapacidad deben ser cancelados por la EPS, el Instituto, a través del grupo de talento humano, debe solicitar la devolución de los pagos realizados. Las EPS validan internamente la información presentada por el Instituto y procederán a consignar el valor a la cuenta establecida por el Ministerio de Hacienda.

En la práctica algunas EPS (no todas), han solicitado dentro de los documentos soporte, copia de la historia clínica para realizar la validación. Por este motivo, el grupo de talento humano la requirió en anteriores oportunidades.

Para esclarecer si las EPS deben solicitar la historia clínica para el trámite de las incapacidades, se consultó el concepto 201411601165391 que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social, el 15 de agosto de 2014  .

En el citado concepto se señala que: “ninguna Entidad Promotora de Salud – EPS podrá exigirle al empleador copia de la historia clínica de sus trabajadores, con el fin de reconocer la prestación económica derivada de la incapacidad, licencia de maternidad y paternidad, razón por la que a su vez, el empleador tampoco podrá hacer dicha exigencia al trabajador, en el entendido, que adjuntar la copia de la historia clínica no es un requisito para el reconocimiento de dichas prestaciones económicas”.

Aclara también el concepto del Ministerio que “para el trámite de reconocimiento de una incapacidad se deben tener en cuenta dos situaciones diferentes: Que el médico que la expida este adscrito a la EPS del cotizante o por el contrario, que no pertenezca a la red de ésta; si se trata del primer caso, será suficiente que el afiliado cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 3 del Decreto 047 de 2000, modificado por el artículo 9° del Decreto 783 del mismo año y 21 del Decreto 1804 de 1999…

No obstante, en cuanto al segundo caso, si una incapacidad ha sido expedida por un medico ajeno a la EPS, será preciso además que la incapacidad se traslade al formato  oficial de ésta y con fundamento en este procedimiento se proceda a su reconocimiento, trámite que se denomina trascripción de la incapacidad.”

En consecuencia, basados en el concepto presentado, no es necesario que el funcionario presente escrito juramentado para el trámite del reconocimiento de las incapacidades. El grupo de talento humano con el apoyo jurídico de la entidad, presentará, en caso de ser necesario, un documento a las EPS que continúen solicitando este documento como soporte para su procedimiento.

Pregunta: ¿Con cuanto tiempo de antelación se debe dar aviso de retiro de la entidad?

Respuesta/

La renuncia a un empleo público está reglamentada en el capítulo II del Decreto 1950 de 1973, en cuyo artículo 113 establece que la administración cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para su aceptación.

La aceptación de la renuncia se concreta a través de un acto administrativo. El funcionario no podrá retirarse sin que le haya sido notificada la resolución que acepta su renuncia dentro de los términos de ley.

Normativamente no existe obligación por parte de los funcionarios para cumplir con un tiempo de “preaviso” pero si tienen el deber de realizar los trámites correspondientes en la entidad para entregar su empleo, tales como traslado de inventarios, informes, requisitos documentales, etc. Estos trámites requieren de tiempo y por lo tanto es un compromiso de tipo ético que el funcionario presente su renuncia con el tiempo de antelación suficiente que le permita surtir los procedimientos internos para la obtención del PAZ y SALVO con la entidad y realizar la entrega de su cargo de manera clara y completa.