ASPECTOS GENERALES SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS


Este espacio se elabora con el fin de brindar una guía de acción que promueva y garantice los mecanismos adecuados de diálogo e información entre la administración pública y la ciudadanía, facilitándole el control social para que se convierta en un proceso permanente de rendición de cuentas al interior del Instituto Caro y Cuervo

La información de este micrositio está enmarcada dentro de un ámbito legal consagrado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 298 del 23 de julio de 1996, las directrices de Gobierno en Línea, Sistemas de Servicio al Ciudadano, metodología del DAFP y la ESAP (2009) y documento CONPES 3654 de 2010.

Es de anotar que la rendición de cuentas no es solo un evento puntual, el Instituto Caro y Cuervo cuenta con varios momentos, herramientas o mecanismos para rendir cuentas a la ciudadanía. Sin embargo organiza un momento cumbre de encuentro presencial y personalizado con la ciudadanía y grupos de interés para interactuar y responder a las inquietudes de estos.

El ICC ha establecido los mecanismos para que la ciudadanía consulte la información suministrada en los diversos espacios de comunicación facilitando el acceso oportuno a dicha información y que esta sea veraz y confiable.

Estrategia de Rendición de Cuentas 2015-2016

Estrategia de Rendición de Cuentas 2016-2017

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Realizar un proceso de Rendición de Cuentas y participación ciudadana, en donde los interesados interrelacionen con el Instituto Caro y Cuervo y se promuevan espacios de participación ciudadana, consolidando la rendición de cuentas como un proceso permanente y participativo en el ICC

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS


• Generar mecanismos, medios, herramientas y espacios efectivos que garanticen el éxito de la Rendición de cuentas permanente.

• Brindar a la ciudadanía la información clara y oportuna acorde a sus necesidades apoyando su labor de control social.

MARCO LEGAL


La Constitución Política colombiana establece los principios de Democracia Participativa, Soberanía Popular, y el derecho fundamental a conformar, ejercer y controlar el poder público en sus artículos 1, 2, 3 y 40. Igualmente establece un conjunto de medios para garantizar el ejercicio de esos derechos, relacionados con la rendición social de cuentas, tales como: la tutela (art. 86), la acción de cumplimiento (art. 87) y la acción popular (art. 88). Así mismo, el artículo 23 establece el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución; igualmente, el artículo 74 establece el derecho a acceder a los documentos públicos oficiales salvo en los casos que establezca la ley.

Cabe señalar que las obligaciones de entregar o publicar información del Estado se encuentran también en la Constitución en los artículos que conciernen a cada rama del poder público (Títulos V al XI de la Carta Política). Esto garantiza la información para la rendición de cuentas. Por otra parte, en desarrollo de la Constitución Política colombiana, existen disposiciones jurídicas que se refieren a temas directamente relacionados con la rendición de cuentas, entre las que se encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la participación ciudadana y el control social, de las cuales cabe destacar las siguientes:

Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984): regula el derecho de petición en interés general, en interés particular y de petición de informaciones.

• Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el control social.

• Ley 734 de 2002: código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.

• Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social.

• Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas.” (Art. 8).

#altablero

Rendición de cuentas Instituto Caro y Cuervo 2016

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